Rusia señala a Ucrania por presunto entrenamiento de drones a cárteles mexicanos
El gobierno ruso ha formulado acusaciones sobre la supuesta capacitación de integrantes de grupos criminales mexicanos en el manejo de drones de combate por parte de fuerzas ucranianas.

El gobierno de Rusia ha denunciado formalmente que instructores ucranianos estarían capacitando a cerca de 80 integrantes de organizaciones criminales mexicanas en el uso táctico de drones de combate. Según las declaraciones emitidas por autoridades rusas, esta colaboración tendría como objetivo incrementar la capacidad ofensiva de estos grupos mediante el despliegue de vehículos aéreos no tripulados en diversas regiones del país, alterando la dinámica de seguridad interna bajo la supervisión de expertos extranjeros.
Ante estos señalamientos, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ha mantenido una postura de cautela frente a las acusaciones internacionales. Fuentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) han indicado que se encuentran realizando labores de inteligencia para verificar si existe evidencia concreta que sustente dichos vínculos, manteniendo comunicación con agencias de seguridad nacional para evaluar el impacto de esta posible amenaza tecnológica en el territorio.
La SEDENA y la SEMAR han intensificado en los últimos meses la vigilancia sobre el uso de drones en áreas donde operan grupos del crimen organizado, reconociendo el reto que representa la incorporación de tecnología avanzada en las estrategias de los cárteles. Aunque la tecnología de drones ha sido identificada previamente como una herramienta utilizada por grupos delictivos para la vigilancia y ataques puntuales, las autoridades mexicanas subrayan que no existen hasta el momento registros confirmados de entrenamiento extranjero directo en suelo nacional.
La comunidad internacional observa con atención estas declaraciones, que se enmarcan en un contexto de tensiones geopolíticas globales. La Fiscalía General de la República (FGR) continúa con las investigaciones de oficio sobre el tráfico de componentes para drones, buscando desarticular las redes de suministro que permiten a las organizaciones criminales acceder a esta tecnología, independientemente del origen de los manuales o la capacitación operativa que pudieran estar recibiendo.


