Sheinbaum aclara motivos tras la adquisición de AT&T México por Televisa

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este jueves que la reciente adquisición de las operaciones de AT&T en México por parte de un consorcio liderado por Grupo Televisa y Fintech Holdings no constituye una decisión repentina, sino el resultado de un proceso de desinversión que la compañía estadounidense buscaba concretar desde hace tiempo. Según la mandataria, la salida de la firma extranjera del mercado nacional se enmarca en una reconfiguración de sus activos globales, dejando el camino libre para que actores locales consoliden su infraestructura de telecomunicaciones.

Durante su conferencia matutina, la titular del Ejecutivo federal subrayó que el Gobierno de México ha dado seguimiento puntual a los términos de esta operación para garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de competencia económica. La administración federal enfatiza que, aunque se trata de una transacción entre entidades privadas, el interés central es mantener la estabilidad en los servicios de conectividad que reciben los ciudadanos en todo el territorio nacional.

Por su parte, el equipo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes señaló que se mantendrá una vigilancia estrecha sobre los compromisos de inversión y cobertura asumidos por los nuevos propietarios. La intención expresada por las autoridades es asegurar que el cambio de control corporativo no afecte la calidad del servicio ni los derechos de los usuarios, especialmente en las zonas donde la competencia es limitada.

Analistas del sector coinciden en que la operación refleja una tendencia hacia la consolidación de grupos empresariales mexicanos en el ámbito de las telecomunicaciones. La integración de los activos de AT&T al portafolio de Televisa y Fintech Holdings permitirá, según se ha planteado, una mayor sinergia en la operación de redes y servicios digitales, bajo un esquema que deberá ser validado por los organismos reguladores pertinentes en los próximos meses.

Finalmente, el Gobierno Federal reiteró su disposición para facilitar inversiones que fortalezcan la infraestructura digital del país, siempre que estas se apeguen estrictamente al marco legal vigente. La administración confía en que esta transición permitirá una gestión más eficiente de la infraestructura existente, contribuyendo así a los objetivos nacionales de democratización del acceso a las tecnologías de información y comunicación.